Desafíos legislativos auguran un Internet fragmentado
En el último año, el uso del Internet tuvo un gran impacto en el campo laboral, educativo, salud, medios de comunicación, entre muchos otros, y en esto, las plataformas digitales no fueron ajenas.
Google, Facebook, Twitter, TikTok, y hasta Zoom aprovecharon la coyuntura y el incremento del consumo digital para consolidarse, e incluso hacer cimbrar a más de un Estado al verse involucradas en temas de gobernabilidad y seguridad, lo que aceleró el debate sobre la necesidad y complejidad de legislar respecto al uso del Internet y el papel que juegan en ello las compañías tecnológicas.
Hace unos meses, la Comisión Europea se pronunció en el Foro de Davos sobre el poder que ejercen estas empresas y la amenaza que podrían significar para la competencia libre y justa, la seguridad, la información, al igual que para la democracia, puesto que, evidentemente, hay un poder fáctico que se ejerce y que trastoca los intereses económicos, políticos, así como de gobernabilidad.
En Australia, recientemente se aprobó la primera ley que obliga a las grandes plataformas a pagar a los medios de información por el contenido que difunden, o al menos, ésa era la intención de los legisladores.
Como se sabe, los medios generadores de noticias enfrentan desde hace años una severa crisis económica y cultural que se agudizó con la masificación de Internet, la irrupción de las redes sociales y los cambios en la asignación de recursos públicos. Esta situación los obliga a replantear constantemente sus modelos de negocio y priorizar la calidad del contenido; por supuesto, ello requiere recursos de todo tipo.
Sin embargo, mientras los medios siguen en el proceso de ensayo y error, las compañías tecnológicas han aprovechado sus ventajas en la materia para desarrollar servicios y aplicaciones que compilan todo ese contenido de los medios, para distribuirlo y ofrecerlo de forma gratuita a sus millones de usuarios en todo el mundo.
Esto propicia una relación inequitativa, pero de total codependencia, puesto que la influencia de estas grandes corporaciones es tal, que simplemente los medios no pueden mantenerse al margen -cabe recordar que un altísimo porcentaje de usuarios utiliza las redes sociales o los buscadores como fuente principal de noticias-, así, los segundos se ven obligados a conducirse bajo los parámetros, métricas y algoritmos que aquéllas definen, a fin de no quedar fuera del juego.
Esta falta de equilibrio es la que obligó a las autoridades australianas de competencia a presentar un análisis cuantitativo y cualitativo que derivó en un proyecto de ley para un Código de Negociación Obligatoria para los Medios Noticiosos y las Plataformas Digitales.
La respuesta inicial de Google y Facebook fue restringir el contenido, a pesar de que esto vulnera el derecho humano de acceso a la información; la medida fue eficaz, y las autoridades se vieron obligadas a mostrar flexibilidad y permitir la negociación directa con las empresas de noticias, aunque esto haya dejado marginadas a las medianas y pequeñas.
Más allá del resultado, la experiencia de Australia deja un precedente para el resto de los países sobre los desafíos que conlleva el uso de Internet, el poder que han conseguido las empresas tecnológicas, la amenaza que esto podría implicar para la democracia, pero también en cómo se puede continuar con el avance en el derecho del ciberespacio.
Al mismo tiempo, nos enfrenta a la realidad de un Internet fragmentado, un Internet que tiene diferentes regulaciones y que, en un futuro cercano, podría provocar otra serie de retos para los cuales debemos estar preparados.
Es un hecho que desde hace tiempo experimentamos restricciones de contenido en diferentes países, a causa de las legislaciones locales, cuyos principios no se basan precisamente en defender el derecho de las audiencias. China es un ejemplo, pero Turquía, Emiratos Árabes, Irán y Egipto no se quedan atrás. Por si fuera poco, muchas empresas a nivel global están tomando decisiones restrictivas de manera preventiva, para evitar problemas legales a futuro.
Bajo este contexto, es clara la urgencia de delinear un marco legal para que las empresas privadas se responsabilicen de la forma en que difunden, promueven, incluyen o retiran contenidos; adicionalmente, no se debe dejar de lado el análisis sobre las motivaciones que están detrás de las reformas legislativas.
Canadá y Reino Unido ya abrieron la discusión sobre este tema, y muchos más se sumarán, por lo que en breve seremos parte de un interesante debate que ya se gesta en las organizaciones internacionales competentes.
En México hay voces e iniciativas en las que habrá que involucrarse, con el objetivo de que el resultado de las mismas sea una ley que proteja las diferentes actividades que se desarrollan de forma lícita en el ciberespacio, proteja los intereses del Estado en su conjunto, pero sobretodo garantice derechos fundamentales, como lo es el acceso a la información. ¿Estamos preparados?
Nota del editor: Javier Murillo Acuña es fundador y presidente de Metrics. Científico de datos, experto en tecnologías de la información aplicadas a la transformación de modelos de negocio digitales. Actualmente trabaja en el desarrollo de algoritmos de prospectiva y medición de valor de marca para empresas globales. Síguelo en LinkedIn y/o escríbele a [email protected]. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Javier Murillo es socio fundador y presidente del Consejo de Metrics.
Desafíos legislativos auguran un Internet fragmentado, es un artículo publicado en Expansión, el 30 de marzo de 2021.
