El derecho a la información, ¿en manos de los gigantes informáticos?
Los medios de comunicación tradicionales enfrentan desde hace años problemas económicos que los obligan a experimentar con diversos modelos de negocio para subsistir; además, se enfrentan con la exigencia de cumplir con una demanda informativa cada vez más creciente debido a la transformación digital.
A la par, las plataformas digitales, como Google y Facebook, siguen creciendo a tal punto que casi ningún sitio web de noticias ha podido sustraerse a su centro de atracción; es decir, ahora sólo existen si aparecen en el buscador o en las redes sociales.
Sin embargo, el buen periodismo cuesta. No se trata solo de que alguien en algún punto capture una imagen con su celular y difunda un hecho. Por lo regular, un fotoperiodista debe recorrer kilómetros para conseguir una imagen digna de las más exigentes agencias de noticias; un apasionado periodista seguro pasará meses, sino es que años, realizando entrevistas y sumergiéndose en las bases de datos para difundir una historia destacada y con impacto social, pero ¿cómo realizaría su labor sin un pago?
Los consumidores de noticias quieren información y la quieren ahora. Las plataformas digitales lo saben, por ello crearon categorías y alertas informativas sobre zonas geográficas o temas específicos. El punto es que estas empresas obtienen recursos con el contenido sin asumir los costos. ¿Hasta ahora?
Recientemente, Australia aprobó una ley para que compañías como Facebook y Google paguen por las noticias; no obstante, la respuesta de los gigantes informáticos fue de gran impacto al restringir la difusión de noticias, lo cual implicó un atentado al derecho a la información de la población. Ante esta respuesta, fueron necesarios la mediación y los acuerdos para modificar la ley –la primera en su tipo- a fin de satisfacer las demandas de las tecnológicas, que ahora podrán negociar con los medios (aunque se anticipa que los de tamaño modesto podrían quedar relegados de las ventajas legislativas).
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Sí, la experiencia en Australia marca un antecedente para el resto del mundo en cuanto al pago por el contenido que generan los medios noticiosos, pero no garantiza que otras naciones obtengan el mismo resultado, lo que podría derivar en un Internet distinto para cada región o país. La respuesta de Google y Facebook es una muestra del poder fáctico que ejercen. Por ello, este caso se convierte en otro ejemplo de la necesidad urgente de llegar a consensos, a través de las organizaciones internacionales competentes, para regular la actividad en Internet.
Asimismo, en países como México, se han de asumir más seriamente los debates sobre el derecho ciberespacial, a fin de generar reformas legislativas que protejan los derechos de los ciudadanos y al propio Estado; Canadá y Reino Unido ya abrieron la discusión sobre este tema, y muchos más se sumarán.
En este contexto, los Estados no pueden claudicar en su responsabilidad de velar por el interés de sectores tan importantes como los medios informativos, ya que más allá de empresas, se debe recordar que el periodismo es un pilar fundamental en la vida democrática de las naciones.
Javier Murillo es socio fundador y presidente del Consejo de Metrics.
El derecho a la información, ¿en manos de los gigantes informáticos?, es un artículo publicado en El Financiero, el 19 de marzo de 2021.
